Denuncian caso de negligencia judicial

Francisca Curtido denunció que hace casi dos meses no puede cumplir el régimen de convivencia con su nieto, de 12 años de edad, porque en el Juzgado de Capiatá no tienen la dirección de la madre del menor, Evangelista López. La mujer relató que el niño fue “secuestrado” por su progenitora de la escuela Fe y Alegría, el pasado 29 de marzo.

Existe un régimen de convivencia del niño con la abuela, pero en el Juzgado del Menor de Capiatá, a cargo de la magistrada Jovita Rojas de Bortoletto, solo dejaron sentado que viven en el distrito de San Antonio, explicó la denunciante. Indicó que la justicia le dio la guarda a la madre del niño. Sin embargo, cuestiona el procedimiento violento con que se llevaron a su nieto. Lo retiraron de la escuela casi a rastras y llorando delante de su profesora y compañeros, porque no quería irse con ella, expresó.  El menor había escapado de su casa el pasado 23 de agosto, porque supuestamente su madre y su padrastro, Gustavo Núñez, le maltrataban verbal y físicamente. La jueza de la Niñez Jovita Bortoletto le había dado la guarda como medida cautelar a su abuela, con quien vivió siete meses.

Doña Francisca relató que su calvario comenzó en el 2002, después del fallecimiento de su hijo, Emiliano Alarcón Curtido, que era policía. Indicó que al poco tiempo de su muerte, Evangelista se concubinó con otro y se fue a la Argentina “sin decirme nada”.

“Les ubiqué por la Interpol porque quería saber de mi nieto que tenía unos cuatro años. Después volvieron al país por el 2009”, acotó.

Señaló que a la madre y al  padrastro no le interesan el chico, sino la pensión de G. 2.199.600   que recibe por la muerte de su padre.
Por su parte, la jueza Jovita Rojas de Bortoletto  reconoció que el menor quiso quedarse con la abuela, pero que la Cámara de Apelaciones, integrada por Slvio Rodríguez, Fulvia Núñez de Vera y Aragón, y Samuel Aguirre,   decidió que el menor debe quedar bajo tutela de la madre.

Por otro lado, indicó que está intimando a la madre para que en el plazo de cinco días   denuncie su nuevo domicilio para que la abuela pueda ver al menor.

Antonia Delvalle Castillo