La contraloría ciudadana “Despertar Cristiano de Capiatá” manifiesta su solidaridad con el semanario Virgen de la Candelaria, en la persona de su director, el padre José María Velasco, quien fue querellado por un grupo de políticos, empresarios y cooperativistas. Expresa inquietud por la vulnerabilidad que afecta a los periodistas en la ciudad de Capiatá, que son amenazados de muerte.
La contraloría ciudadana expone su preocupación por la querella contra el director del semanario Virgen de la Candelaria y párroco de esta ciudad, padre José María Velasco, por los presuntos delitos de difamación, injuria y calumnia. La demanda fue presentada por políticos, cooperativistas y empresarios después de que se publicaran en el periódico artículos en los que se criticaba la mala administración de los recursos públicos de la Municipalidad capiateña. Las denuncias fueron hechas por vecinos.
“Que las reiteradas amenazas de muerte sufridas por columnistas del Semanario Virgen de la Candelaria por personas no identificadas, junto con la demanda presentada por el senador nacional Derlis Osorio, el Intendente Municipal Antonio Galeano, el concejal municipal Néstor Castellano, el presidente del Colegio de Abogados Fidelino Rojas, el presidente del Deportivo Capiatá Américo Barreto, el empresario Erico Galeano y el cooperativista Carlos Ramírez en contra del director del medio de comunicación, son hechos que alarman a la sociedad capiateña”, resalta la organización mediante el comunicado.
Señala que suman como agrupación de la sociedad civil a los ciudadanos que no están de acuerdo con la violencia y el intento de cercenamiento de los medios de expresión de la comunidad. “Cuando un periodista o un comunicador social es asesinado o agredido, se afecta no solo a la víctima, sino a toda la sociedad”, afirma el comunicado.
Agrega: “Nos preocupa que ciudadanos que invisten altos cargos en la administración pública o que ostentan un poder económico importante puedan por sus medios e influencia torcer la voluntad de la administración de justicia”. Añade que esta situación dispareja dejaría al ciudadano capiateño, en este caso, a merced de poderes fácticos que busquen acallar el pensamiento crítico que genera el debate y la opinión pública.
Intolerantes
Manifiestan su repudio ante el accionar intolerante de las autoridades públicas que, frente a las publicaciones de las denuncias realizadas ante el Ministerio Publico, la Contraloría General de la República, Contrataciones Públicas y otras instituciones, de irregularidades ocurridas en la administración municipal en la que los demandantes se ven implicados, buscan antes que el debate, la aclaración o la réplica, acciones infundadas e intransigentes ante los cuestionamientos de la sociedad.
“Reiteramos con firmeza, que los ciudadanos que ocupan cargos públicos son servidores públicos y que la soberanía reside en el pueblo, que los recursos administrados por esos servidores pertenecen al pueblo, y que no son una propiedad privada o para beneficio particular de una persona. Por ello, el manejo de estos recursos están y seguirán estando sometidos al escrutinio de la sociedad”, indica el escrito.
