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| Juan Cardenas resolvio adjudicar la franja del arroyo Capiata. abc color |
En la Junta Municipal de Capiatá quieren el enjuiciamiento del presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Justo Cárdenas, y también pretenden la nulidad del título que este otorgó sobre un predio urbano de la ciudad, que encima es franja de protección de un arroyo. Este tema fue tratado ayer en la sesión ordinaria de los concejales.
El concejal de Capiatá Bernardo Sosa Viveros (ANR) presentó ayer una minuta sobre el inmueble titulado irregularmente por el Indert, según informó la Junta Municipal a través de su cuenta oficial del Facebook. Se trata de un lote de 1.496 m² y 0188 cm², ubicado en la compañía sexta de Posta Ybycuá, a la altura del Km 20 de la Ruta I.
“Hace poco, Capiatá fue noticia nuevamente. En este caso porque el Indert, ex IBR, abrogándose facultades que le competen al municipio, titula un predio en la franja del arroyo Posta Ybycuá. Vemos que hay una casa ahí ahora, y un letrero que dice ‘propiedad privada’. Se trata de una franja de dominio de arroyo”, afirmó el edil.
Ante esta situación, presentó una minuta verbal por la que solicita que se convoque al asesor jurídico de la Comuna para una reunión con la Comisión Asesora de Planificación Urbanística y Ordenamiento Territorial, el próximo lunes 12 a las 9:30. La idea es iniciar los trámites para pedir la nulidad de ese título de propiedad y enjuiciar al presidente del Indert, señala la misiva.
Según los datos, el concejal Tranquilino Talavera (ANR) acompañó por su parte la minuta presentada por Sosa y subrayó al respecto que “bien sabemos que se trata de un bien de dominio público y que por ley no se puede edificar a menos de 25 metros alrededor de un arroyo”.
Lote urbano
En conversación con nuestro diario, el intendente de Capiatá, Luis Fernando González, había confirmado que las tierras vendidas por la actual administración del Indert corresponden al área de zona urbana, vale decir, de competencia municipal y no del ente agrario.
En su defensa, el Indert señala que la titulación se basó en un informe de la anterior administración de la Municipalidad, firmado por el entonces intendente, Abog. Pedro Antonio Galeano. Dicho documento tiene fecha 24 de noviembre de 2015 (cuando estaba por dejar su gestión) y decía que el terreno era rural.
Sin embargo, el instituto hasta ahora no explica cómo pudo titular la franja de protección de un arroyo, que no puede convertirse en propiedad privada, según el artículo 1898 del Código Civil del Paraguay. Tampoco logró explicar hasta el momento el hecho de que la adjudicación se haya basado en un informe falso de funcionarios de la agencia regional del Indert en Central. Ellos recomendaban la adjudicación con el argumento de que las tierras estaban supuestamente ocupadas, con mejoras, producción agrícola y árboles frutales, lo cual se ve en el terreno que es mentira.
Una veloz adjudicación
Las tierras en cuestión fueron solicitadas por una señora llamada Emilia Alfonso de Giménez, a la que llamativamente se le adjudicó en tiempo récord y hasta se le entregó el título de propiedad finiquitado, inscripto en la Dirección de Registros Públicos.
El precio de venta del Indert fue de G. 3 millones por hectárea y considerando la superficie de 1.496 m², el valor a pagar fue inferior a G. 500.000. Se desconoce si hubo reventas ilegales y según los datos, hasta ahora el ente agrario no ha subsanado este proceso.
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