La Municipalidad de Capiatá entregó millonarios desembolsos para la construcción del palacete municipal, que está paralizada desde hace seis meses, y por la de un centro comunitario que debió concluir hace tres meses. La CGR anunció una inspección técnica de la gestión de Antonio Galeano (ANR).
Integrantes de numerosas organizaciones sociales de este distrito, como la Contraloría Ciudadana, lograron que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) verifique contratos suscritos por el intendente, Antonio Galeano (ANR). El control se centra específicamente en la construcción del palacete municipal sobre Ruta II (en el mismo predio donde está ubicada la sede comunal) y la edificación de un centro comunitario Municipal sobre la Ruta I, a la altura del Km 22.
Constantino Rodríguez, presidente de la Contraloría Ciudadana, y Eladio Rojas, integrante de la nucleación, señalaron que la obra del palacete municipal lleva más de seis meses paralizada. El trabajo fue adjudicado por G. 6.998 millones a la empresa unipersonal Ferrecenter Agro-Rural, de Juan Cristóbal Romero Pereira.
La obra quedó en la nada en octubre de 2012 a raíz del fallecimiento del dueño de la empresa contratista. La Comuna le llegó a pagar un anticipo de G. 2.100 millones a la firma.
Constantino Rodríguez dijo que lo grave del caso es que el intendente, Galeano, en lugar de rescindir el contrato, ejecutar la póliza de seguro y llamar a una nueva licitación, hizo un arreglo interno con la viuda de Romero Pereira, Luz Marlene Pérez. Actualmente la póliza está vencida y solo se habrían realizado trabajos por G. 745 millones.
Centro comunitario
En cuanto a la construcción del centro comunitario sobre la Ruta I, Contrataciones Públicas señala que no se cumplió el plazo de ejecución de obras. “El trabajo se inició el 5 de julio del año pasado y tenía que terminarse el 12 de marzo pasado”, resaltó Rodríguez.
La obra fue adjudicada por G. 1.492 millones a Verónica Rotela Pérez, familiar de Luz Pérez y de Luis Pérez, quien es parte del comité evaluador de las licitaciones de la Municipalidad.
Otra irregularidad detectada es que el terreno donde se ejecuta la obra tiene una dimensión menor a la estructura proyectada. Se tuvo que ajustar y esto significó un aumento de 70 millones del monto adjudicado.
“Ante estas anormalidades y ante nuestra insistencia, la Contraloría General de la República dispuso una inspección técnica de las obras ejecutadas por la Municipalidad, que ya fue comunicada al intendente Galeano y a los concejales”, refirió Rodríguez.
